En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Durante la mañana de este martes, el Gobierno de Chile confirmó la renuncia de la embajadora de Chile ante Reino Unido, Susana Herrera, luego de las críticas recibidas debido a un polémico proyecto que involucró al Rey Carlos III y al Gobierno Regional del Biobío. La embajadora solicitó 5 millones de dólares al Gore del Biobío para un proyecto de mercado de maderas sin aprobación de Cancillería. La renuncia de Herrera fue presentada voluntariamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido aceptada. El Gobierno agradeció el trabajo realizado por la embajadora y aseguró que la misión en Reino Unido continuará funcionando con normalidad bajo la responsabilidad del Encargado de Negocios. La ahora exembajadora negó cualquier conducta ilícita en relación al proyecto valorado en cinco millones de dólares y que involucró al Rey Carlos III y al Gobierno Regional del Biobío. En declaraciones a El Mercurio, Herrera afirmó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y son falsas. Negó de manera contundente cualquier insinuación de conductas ilícitas o en detrimento de los intereses del país y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, aseguró haber mantenido una comunicación abierta y constante con las autoridades del Ministerio, en línea con el compromiso por la transparencia en las actividades de la embajada. Herrera también expresó su deseo de que los excancilleres y congresistas hubieran consultado con ella antes de emitir cualquier tipo de afirmación sobre su persona. Reconoció que quizás debió haber explicado en mayor detalle el proyecto a la subsecretaria Gloria de la Fuente y que, aunque se informaba a la Cancillería, los detalles se trabajaban con el equipo de la embajada. Finalmente, Herrera admitió que el proyecto se detuvo debido a la polémica generada por el Caso Convenios y que, desde el año pasado, se había detenido su avance. El proyecto consistía en la restauración de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado y se basaba en la bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la región de Biobío. La exembajadora contactó al Gobierno Regional y realizó gestiones privadas para obtener los fondos necesarios, hasta que la Cancillería le ordenó detener el proyecto. En sus gestiones, Herrera mencionaba el interés del Rey Carlos III en el proyecto.
La diputada ex Revolución Democrática, Catalina Pérez, llegó a La Moneda esta mañana sin hacer referencia a la arista Democracia Viva del caso convenios, el cual estalló hace dos meses. En breves palabras, la parlamentaria señaló que venía a trabajar junto al equipo del Ministerio del Interior para reforzar las reglas de uso de la fuerza. Esta es la segunda vez que Catalina Pérez visita el palacio de Gobierno, luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en el traspaso de recursos públicos a la Fundación Democracia Viva desde el seremi de Vivienda de Antofagasta. En este caso, están involucrados la expareja de la congresista, Daniel Andrade (director de la ONG), y el exseremi Carlos Contreras, quien también fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Ante la pregunta sobre la restitución de los fondos que debe realizar Democracia Viva, cuyo plazo venció el domingo pasado, Catalina Pérez evitó comentar y se limitó a decir: Venimos a trabajar con el Ministerio del Interior para reforzar, espero, las reglas de uso de la fuerza y darles seguridad a todos los chilenos.
Este viernes se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno y los partidos políticos con el objetivo de avanzar en la tramitación de la reforma previsional. La cita, encabezada por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, contó con la presencia de destacados representantes de diversas áreas relacionadas con el tema. Durante la reunión, que tuvo lugar en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se acordó la realización de una próxima reunión técnica en la que participarán representantes de cada uno de los partidos políticos. El objetivo de esta reunión será iniciar la discusión en torno a las indicaciones que podrían ser ingresadas al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. La ministra Jara destacó la importancia de este encuentro y agradeció la disposición de los partidos políticos para dialogar. Reconoció que durante los últimos diez años ha sido difícil llegar a un acuerdo en torno al tema de las pensiones, por lo que valoró el compromiso de todas las partes involucradas en buscar una solución. La ministra expresó su confianza en que, con responsabilidad, se logrará cumplir con este desafío tan necesario para el bienestar de las personas y el futuro del país. Por su parte, el ministro Elizalde enfatizó la importancia de no postergar más la reforma previsional y de aumentar de manera significativa las pensiones de manera inmediata. Destacó la propuesta del Gobierno de transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social que brinde la dignidad que merecen los adultos mayores en Chile. El ministro hizo un llamado a todos los actores involucrados a tener una voluntad constructiva para avanzar hacia un buen entendimiento.
Las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos han propuesto limitar el derecho a huelga únicamente a las negociaciones colectivas, lo cual implicaría modificar las normas que regulan la libertad sindical en el anteproyecto constitucional. Según informes de La Tercera, los representantes de la derecha han expresado su desacuerdo con la versión redactada por los expertos, argumentando que amplía el alcance de la huelga al sector público y permite que esta se lleve a cabo fuera de los periodos legales de negociación colectiva. Ante esta situación, el consejero Jorge Ossandón ha manifestado su preocupación, señalando que la separación entre negociación colectiva y huelga para el sector privado parece inadecuada, y que resulta contradictorio promover la paralización de los funcionarios públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en el servicio a todos los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, Ossandón ha destacado la importancia de escuchar a la sociedad civil y a los académicos antes de tomar una decisión como bancada. Por su parte, el consejero Alexis Cortés, del oficialismo, ha enfatizado que el anteproyecto constitucional es aceptable en la medida en que logra un equilibrio frágil. Cortés ha destacado la consagración sólida de la libertad sindical y el trabajo decente en el texto, y ha explicado que la regulación de la huelga se ha establecido de manera coherente con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional. Según Cortés, es fundamental que los trabajadores cuenten con todas las herramientas necesarias para defender sus derechos y lograr un equilibrio en la sociedad, especialmente entre el capital y el trabajo. En tanto, Yerko Ljubetic afirmó que limitar el derecho a huelga sería un retroceso inaceptable, además de infringir disposiciones de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ha suscrito. Ljubetic ha destacado que el anteproyecto constitucional cuenta con una base sólida de acuerdos, lo cual permitiría un debate democrático para regular estos derechos de manera razonable, sin retroceder a la situación actual.
En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Durante la mañana de este martes, el Gobierno de Chile confirmó la renuncia de la embajadora de Chile ante Reino Unido, Susana Herrera, luego de las críticas recibidas debido a un polémico proyecto que involucró al Rey Carlos III y al Gobierno Regional del Biobío. La embajadora solicitó 5 millones de dólares al Gore del Biobío para un proyecto de mercado de maderas sin aprobación de Cancillería. La renuncia de Herrera fue presentada voluntariamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido aceptada. El Gobierno agradeció el trabajo realizado por la embajadora y aseguró que la misión en Reino Unido continuará funcionando con normalidad bajo la responsabilidad del Encargado de Negocios. La ahora exembajadora negó cualquier conducta ilícita en relación al proyecto valorado en cinco millones de dólares y que involucró al Rey Carlos III y al Gobierno Regional del Biobío. En declaraciones a El Mercurio, Herrera afirmó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y son falsas. Negó de manera contundente cualquier insinuación de conductas ilícitas o en detrimento de los intereses del país y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, aseguró haber mantenido una comunicación abierta y constante con las autoridades del Ministerio, en línea con el compromiso por la transparencia en las actividades de la embajada. Herrera también expresó su deseo de que los excancilleres y congresistas hubieran consultado con ella antes de emitir cualquier tipo de afirmación sobre su persona. Reconoció que quizás debió haber explicado en mayor detalle el proyecto a la subsecretaria Gloria de la Fuente y que, aunque se informaba a la Cancillería, los detalles se trabajaban con el equipo de la embajada. Finalmente, Herrera admitió que el proyecto se detuvo debido a la polémica generada por el Caso Convenios y que, desde el año pasado, se había detenido su avance. El proyecto consistía en la restauración de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado y se basaba en la bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la región de Biobío. La exembajadora contactó al Gobierno Regional y realizó gestiones privadas para obtener los fondos necesarios, hasta que la Cancillería le ordenó detener el proyecto. En sus gestiones, Herrera mencionaba el interés del Rey Carlos III en el proyecto.
La diputada ex Revolución Democrática, Catalina Pérez, llegó a La Moneda esta mañana sin hacer referencia a la arista Democracia Viva del caso convenios, el cual estalló hace dos meses. En breves palabras, la parlamentaria señaló que venía a trabajar junto al equipo del Ministerio del Interior para reforzar las reglas de uso de la fuerza. Esta es la segunda vez que Catalina Pérez visita el palacio de Gobierno, luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en el traspaso de recursos públicos a la Fundación Democracia Viva desde el seremi de Vivienda de Antofagasta. En este caso, están involucrados la expareja de la congresista, Daniel Andrade (director de la ONG), y el exseremi Carlos Contreras, quien también fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Ante la pregunta sobre la restitución de los fondos que debe realizar Democracia Viva, cuyo plazo venció el domingo pasado, Catalina Pérez evitó comentar y se limitó a decir: Venimos a trabajar con el Ministerio del Interior para reforzar, espero, las reglas de uso de la fuerza y darles seguridad a todos los chilenos.
Este viernes se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno y los partidos políticos con el objetivo de avanzar en la tramitación de la reforma previsional. La cita, encabezada por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, contó con la presencia de destacados representantes de diversas áreas relacionadas con el tema. Durante la reunión, que tuvo lugar en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se acordó la realización de una próxima reunión técnica en la que participarán representantes de cada uno de los partidos políticos. El objetivo de esta reunión será iniciar la discusión en torno a las indicaciones que podrían ser ingresadas al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. La ministra Jara destacó la importancia de este encuentro y agradeció la disposición de los partidos políticos para dialogar. Reconoció que durante los últimos diez años ha sido difícil llegar a un acuerdo en torno al tema de las pensiones, por lo que valoró el compromiso de todas las partes involucradas en buscar una solución. La ministra expresó su confianza en que, con responsabilidad, se logrará cumplir con este desafío tan necesario para el bienestar de las personas y el futuro del país. Por su parte, el ministro Elizalde enfatizó la importancia de no postergar más la reforma previsional y de aumentar de manera significativa las pensiones de manera inmediata. Destacó la propuesta del Gobierno de transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social que brinde la dignidad que merecen los adultos mayores en Chile. El ministro hizo un llamado a todos los actores involucrados a tener una voluntad constructiva para avanzar hacia un buen entendimiento.
Las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos han propuesto limitar el derecho a huelga únicamente a las negociaciones colectivas, lo cual implicaría modificar las normas que regulan la libertad sindical en el anteproyecto constitucional. Según informes de La Tercera, los representantes de la derecha han expresado su desacuerdo con la versión redactada por los expertos, argumentando que amplía el alcance de la huelga al sector público y permite que esta se lleve a cabo fuera de los periodos legales de negociación colectiva. Ante esta situación, el consejero Jorge Ossandón ha manifestado su preocupación, señalando que la separación entre negociación colectiva y huelga para el sector privado parece inadecuada, y que resulta contradictorio promover la paralización de los funcionarios públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en el servicio a todos los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, Ossandón ha destacado la importancia de escuchar a la sociedad civil y a los académicos antes de tomar una decisión como bancada. Por su parte, el consejero Alexis Cortés, del oficialismo, ha enfatizado que el anteproyecto constitucional es aceptable en la medida en que logra un equilibrio frágil. Cortés ha destacado la consagración sólida de la libertad sindical y el trabajo decente en el texto, y ha explicado que la regulación de la huelga se ha establecido de manera coherente con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional. Según Cortés, es fundamental que los trabajadores cuenten con todas las herramientas necesarias para defender sus derechos y lograr un equilibrio en la sociedad, especialmente entre el capital y el trabajo. En tanto, Yerko Ljubetic afirmó que limitar el derecho a huelga sería un retroceso inaceptable, además de infringir disposiciones de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ha suscrito. Ljubetic ha destacado que el anteproyecto constitucional cuenta con una base sólida de acuerdos, lo cual permitiría un debate democrático para regular estos derechos de manera razonable, sin retroceder a la situación actual.
