En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
La indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para los operadores ilegales en el proyecto que regula las apuestas en línea. Esta propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio. Además, establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal. A diferencia del modelo que entrega licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes. Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento, afirmó. Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial. También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables. Otro punto central es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida. Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes. Cambiar de nombre, aplicación o dirección no puede ser una forma para eludir la justicia, sostuvo Núñez.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió una alerta regional ante el inicio de la migración de aves silvestres hacia América Latina y el Caribe en medio del fenómeno de El Niño que impacta con fuerza al continente. También hizo un llamado a fortalecer la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta frente a la influenza aviar altamente patógena tras la detección de la enfermedad en una granja de gallinas ponedoras en Perú. Ante ello, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) elevó el nivel de alerta frente a la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP). La institución reforzó la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional y llamó a los propietarios de aves a extremar las medidas de bioseguridad. De acuerdo con el SAG, el monitoreo de las rutas migratorias y de los sitios de concentración de aves silvestres permite detectar cambios en la distribución espacial y temporal. Esa focalización contribuye a la detección temprana de eventuales amenazas sanitarias. Cambios en ecosistemas como humedales, lagunas, zonas costeras y ambientes marinos pueden favorecer concentraciones inusuales o desplazamientos hacia sectores donde históricamente se registran menores abundancias. Por eso para el SAG resulta fundamental mantener una vigilancia activa durante toda la temporada migratoria.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para esclarecer las millonarias pérdidas de valoración asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E y determinar si podrían tener consecuencias en los cálculos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión se adoptó durante la sesión de este martes, luego de que surgieran cuestionamientos por las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones y los riesgos asumidos en el fondo considerado más conservador del sistema. Según las cifras expuestas ante la comisión por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), las operaciones cuestionadas acumularían cerca de US$7.700 millones en pérdidas de valoración, mientras que el Fondo E registró una caída real acumulada del 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026. En ese contexto, la instancia acordó convocar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para conocer los antecedentes de estas inversiones, las eventuales advertencias recibidas y las medidas de fiscalización adoptadas por el organismo. Uno de los principales puntos que se buscará esclarecer es por qué las AFP mantuvieron una elevada exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés en Estados Unidos, pese a advertencias previas sobre los riesgos asociados con estas operaciones. La citación también incluirá a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de conocer sus observaciones respecto de estas inversiones y las capacidades de los organismos supervisores. En paralelo, la Subsecretaría de Hacienda deberá abordar si la perdida de los fondos previsionales podría tener alguna incidencia en los cálculos relacionados con el financiamiento y pago de la PGU. Este último punto será materia de consulta a las autoridades sin que hasta ahora se haya establecido que las perdidas del Fondo E tengan un efecto directo sobre los montos del pago del beneficio estatal.
Diferentes municipios de al menos cuatro regiones decidieron mantener las clases suspendidas para este miércoles debido al intenso sistema frontal que afecta a gran parte de país. Esto, en contraste al anuncio del Gobierno de reanudar las actividades académicas. En específico, alrededor de una decena de comunas, divididas entre las regiones Metropolitana, de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins, continuarán con la suspensión de clases para este 21 de octubre. Lo anterior, como una medida de prevención y resguardo a causa de las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas. Clases suspendidas en 3 comunas de Coquimbo En la región de Coquimbo, tres comunas confirmaron la decisión de mantener suspendidas las clases: Los Vilos, Salamanca y Canela. Sobre la primera, el municipio de Los Vilos afirmó que la medida es válida para “todos los establecimientos educacionales, incluyendo jardines infantiles, de carácter municipal”.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
La indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para los operadores ilegales en el proyecto que regula las apuestas en línea. Esta propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio. Además, establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal. A diferencia del modelo que entrega licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes. Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento, afirmó. Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial. También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables. Otro punto central es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida. Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes. Cambiar de nombre, aplicación o dirección no puede ser una forma para eludir la justicia, sostuvo Núñez.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió una alerta regional ante el inicio de la migración de aves silvestres hacia América Latina y el Caribe en medio del fenómeno de El Niño que impacta con fuerza al continente. También hizo un llamado a fortalecer la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta frente a la influenza aviar altamente patógena tras la detección de la enfermedad en una granja de gallinas ponedoras en Perú. Ante ello, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) elevó el nivel de alerta frente a la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP). La institución reforzó la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional y llamó a los propietarios de aves a extremar las medidas de bioseguridad. De acuerdo con el SAG, el monitoreo de las rutas migratorias y de los sitios de concentración de aves silvestres permite detectar cambios en la distribución espacial y temporal. Esa focalización contribuye a la detección temprana de eventuales amenazas sanitarias. Cambios en ecosistemas como humedales, lagunas, zonas costeras y ambientes marinos pueden favorecer concentraciones inusuales o desplazamientos hacia sectores donde históricamente se registran menores abundancias. Por eso para el SAG resulta fundamental mantener una vigilancia activa durante toda la temporada migratoria.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para esclarecer las millonarias pérdidas de valoración asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E y determinar si podrían tener consecuencias en los cálculos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión se adoptó durante la sesión de este martes, luego de que surgieran cuestionamientos por las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones y los riesgos asumidos en el fondo considerado más conservador del sistema. Según las cifras expuestas ante la comisión por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), las operaciones cuestionadas acumularían cerca de US$7.700 millones en pérdidas de valoración, mientras que el Fondo E registró una caída real acumulada del 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026. En ese contexto, la instancia acordó convocar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para conocer los antecedentes de estas inversiones, las eventuales advertencias recibidas y las medidas de fiscalización adoptadas por el organismo. Uno de los principales puntos que se buscará esclarecer es por qué las AFP mantuvieron una elevada exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés en Estados Unidos, pese a advertencias previas sobre los riesgos asociados con estas operaciones. La citación también incluirá a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de conocer sus observaciones respecto de estas inversiones y las capacidades de los organismos supervisores. En paralelo, la Subsecretaría de Hacienda deberá abordar si la perdida de los fondos previsionales podría tener alguna incidencia en los cálculos relacionados con el financiamiento y pago de la PGU. Este último punto será materia de consulta a las autoridades sin que hasta ahora se haya establecido que las perdidas del Fondo E tengan un efecto directo sobre los montos del pago del beneficio estatal.
Diferentes municipios de al menos cuatro regiones decidieron mantener las clases suspendidas para este miércoles debido al intenso sistema frontal que afecta a gran parte de país. Esto, en contraste al anuncio del Gobierno de reanudar las actividades académicas. En específico, alrededor de una decena de comunas, divididas entre las regiones Metropolitana, de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins, continuarán con la suspensión de clases para este 21 de octubre. Lo anterior, como una medida de prevención y resguardo a causa de las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas. Clases suspendidas en 3 comunas de Coquimbo En la región de Coquimbo, tres comunas confirmaron la decisión de mantener suspendidas las clases: Los Vilos, Salamanca y Canela. Sobre la primera, el municipio de Los Vilos afirmó que la medida es válida para “todos los establecimientos educacionales, incluyendo jardines infantiles, de carácter municipal”.
