El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete emitió un veredicto absolutorio a favor de Jorge Eduardo Escobar Escobar, principal acusado por la Fiscalía en el caso Tomás Bravo. Escobar, tío abuelo del menor fallecido, había sido acusado del delito de abandono de niño menor de diez años en lugar solitario, con resultado de muerte. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando se perdió el rastro del menor después de que su pariente le perdiera la vista por unos minutos. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Tomás Bravo fue encontrado en Caripilún. En su sentencia, el Tribunal estimó que no se pudo demostrar dolo en el actuar de Escobar y que su conducta estaba dirigida a proteger al niño. Además, se cuestionó la acusación de dolo sostenida contra el imputado, señalando que la querellante no es persistente en sus alegaciones en cuanto a una conducta dolosa del imputado. El tribunal también destacó que la defensa introdujo una duda razonable mediante imágenes capturadas por una cámara de seguridad de una empresa forestal, las cuales mostraban movimientos en el último punto donde se vio al niño. Además, se mencionó que los acusadores no presentaron prueba alguna que vinculara directamente la muerte del niño con alguna acción realizada por Escobar. Se hizo hincapié en las contradicciones encontradas en la evidencia médico-legal y en las irregularidades en el sitio del suceso, lo cual afectó la calidad de la evidencia presentada durante el juicio. En conclusión, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete absolvió al tío abuelo del menor fallecido basándose en la falta de pruebas contundentes y las inconsistencias encontradas en la investigación. Fuente: CNN Chile País
Tras siete décadas de actividad, la multitienda Corona ha puesto fin a su historia en el comercio minorista chileno. A pesar de que originalmente se había programado el cierre definitivo para el 10 de julio, la empresa decidió adelantar la medida y cesar operaciones en sus 51 locales el pasado martes 2 de julio, al no lograr obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo su reorganización. La compañía se encontraba en una situación financiera crítica y, a pesar de que su plan de reorganización fue aprobado por los acreedores, no logró reunir los $22 mil millones requeridos para salir a flote. Ante esta situación, Corona optó por declararse en quiebra y proceder con el cierre de sus operaciones. En los días previos al cese de actividades, la empresa lanzó un remate con la consigna todo a 5 lucas, lo que generó largas filas de clientes en todo el país. Posteriormente, implementaron ofertas como la modalidad 3x2, lo que resultó en una liquidación total de su inventario. La venta fue tan exitosa que no era necesario seguir abriendo las tiendas, señalaron fuentes relacionadas con el proceso. Los trabajadores fueron informados internamente de que el martes 2 de julio sería el cierre definitivo. Al mismo tiempo, los locales comenzaron a ser rotulados con carteles que confirmaban el fin de la operación. Tanto la página web como la aplicación de Corona ya no están disponibles. En su sitio web se muestra un breve mensaje: Nuestro sitio no se encuentra disponible. ¡Gracias por su comprensión!. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
La presidenta del Colegio Médico Santiago, Francisca Crispi, informó que 75 funcionarios enfrentarán procesos éticos en nuestros tribunales, ya que esas son las únicas facultades que actualmente tiene el gremio, según señaló. Crispi detalló que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público debido al presunto mal uso de licencias médicas. En este sentido, mencionó que cinco funcionarios fueron remitidos a los Tribunales de Ética del Colmed. “En conjunto con otros 67 médicos de los que fuimos informados, que estando con licencia dieron más de 30 licencias médicas, están hoy siendo investigados”, expresó Crispi. La presidenta del Colmed destacó la gravedad de las situaciones detectadas: “Son causales graves, porque se trata de médicos que entregaron más de 30 licencias estando ellos mismos con licencia. En otros casos, se trata de profesionales que hoy están siendo investigados por la fiscalía por venta de licencias, uso malicioso o falsificación de licencias”. En este sentido, se espera que alrededor de 75 médicos sean sometidos a procesos éticos en los tribunales del gremio. Respecto a las posibles sanciones, Crispi subrayó que la máxima penalización que pueden imponer los tribunales de ética es la expulsión del Colegio Médico, aunque también existen sanciones menores. Finalmente, la representante del gremio enfatizó la importancia de contar con más facultades para abordar estas situaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de la vigilancia ética de las profesiones y la posibilidad de revocar el título a aquellos profesionales que no hagan un buen uso del mismo. Fuente: CNN Chile País
El abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos económicos en el marco del Caso Audios, recibió la notificación de una demanda presentada por la Tesorería General de la República (TGR) para rematar una de sus viviendas y saldar una deuda millonaria con el erario fiscal. Antes de abandonar el Anexo Cárcel Capitán Yáber el pasado 6 de junio, Hermosilla fue visitado por un receptor judicial que le informó sobre esta situación. Según La Tercera, la propiedad en cuestión es un departamento ubicado en Barrio Lastarria, en el edificio Paseo Barrio Lastarria, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. El Servicio de Impuestos Internos (SII) valoró la vivienda en $69 millones. Adquirida por Hermosilla en 2009 por 1.470 UF (alrededor de $31 millones en ese momento), la propiedad fue comprada a Inmobiliaria Lastarria S.A. e inscrita en la notaría de Patricio Zaldívar el 29 de enero del mismo año. En relación a la deuda del abogado, durante el proceso del Caso Audios, la Tesorería solicitó al 15 Juzgado Civil de Santiago el remate del departamento como medida para saldar una deuda total de $167.322.306. Esta cifra incluye impuestos a la renta y otros conceptos. El remate del departamento ha sido fijado por el 15 Juzgado Civil de Santiago con un mínimo establecido en $90.604.995. La subasta se llevará a cabo a través de Zoom y los postores deberán entregar una garantía del 10% del valor mínimo establecido. Además, se determinó que los gastos asociados a la propiedad serán responsabilidad del nuevo propietario. Fuente: Meganoticias
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete emitió un veredicto absolutorio a favor de Jorge Eduardo Escobar Escobar, principal acusado por la Fiscalía en el caso Tomás Bravo. Escobar, tío abuelo del menor fallecido, había sido acusado del delito de abandono de niño menor de diez años en lugar solitario, con resultado de muerte. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando se perdió el rastro del menor después de que su pariente le perdiera la vista por unos minutos. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Tomás Bravo fue encontrado en Caripilún. En su sentencia, el Tribunal estimó que no se pudo demostrar dolo en el actuar de Escobar y que su conducta estaba dirigida a proteger al niño. Además, se cuestionó la acusación de dolo sostenida contra el imputado, señalando que la querellante no es persistente en sus alegaciones en cuanto a una conducta dolosa del imputado. El tribunal también destacó que la defensa introdujo una duda razonable mediante imágenes capturadas por una cámara de seguridad de una empresa forestal, las cuales mostraban movimientos en el último punto donde se vio al niño. Además, se mencionó que los acusadores no presentaron prueba alguna que vinculara directamente la muerte del niño con alguna acción realizada por Escobar. Se hizo hincapié en las contradicciones encontradas en la evidencia médico-legal y en las irregularidades en el sitio del suceso, lo cual afectó la calidad de la evidencia presentada durante el juicio. En conclusión, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete absolvió al tío abuelo del menor fallecido basándose en la falta de pruebas contundentes y las inconsistencias encontradas en la investigación. Fuente: CNN Chile País
Tras siete décadas de actividad, la multitienda Corona ha puesto fin a su historia en el comercio minorista chileno. A pesar de que originalmente se había programado el cierre definitivo para el 10 de julio, la empresa decidió adelantar la medida y cesar operaciones en sus 51 locales el pasado martes 2 de julio, al no lograr obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo su reorganización. La compañía se encontraba en una situación financiera crítica y, a pesar de que su plan de reorganización fue aprobado por los acreedores, no logró reunir los $22 mil millones requeridos para salir a flote. Ante esta situación, Corona optó por declararse en quiebra y proceder con el cierre de sus operaciones. En los días previos al cese de actividades, la empresa lanzó un remate con la consigna todo a 5 lucas, lo que generó largas filas de clientes en todo el país. Posteriormente, implementaron ofertas como la modalidad 3x2, lo que resultó en una liquidación total de su inventario. La venta fue tan exitosa que no era necesario seguir abriendo las tiendas, señalaron fuentes relacionadas con el proceso. Los trabajadores fueron informados internamente de que el martes 2 de julio sería el cierre definitivo. Al mismo tiempo, los locales comenzaron a ser rotulados con carteles que confirmaban el fin de la operación. Tanto la página web como la aplicación de Corona ya no están disponibles. En su sitio web se muestra un breve mensaje: Nuestro sitio no se encuentra disponible. ¡Gracias por su comprensión!. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
La presidenta del Colegio Médico Santiago, Francisca Crispi, informó que 75 funcionarios enfrentarán procesos éticos en nuestros tribunales, ya que esas son las únicas facultades que actualmente tiene el gremio, según señaló. Crispi detalló que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público debido al presunto mal uso de licencias médicas. En este sentido, mencionó que cinco funcionarios fueron remitidos a los Tribunales de Ética del Colmed. “En conjunto con otros 67 médicos de los que fuimos informados, que estando con licencia dieron más de 30 licencias médicas, están hoy siendo investigados”, expresó Crispi. La presidenta del Colmed destacó la gravedad de las situaciones detectadas: “Son causales graves, porque se trata de médicos que entregaron más de 30 licencias estando ellos mismos con licencia. En otros casos, se trata de profesionales que hoy están siendo investigados por la fiscalía por venta de licencias, uso malicioso o falsificación de licencias”. En este sentido, se espera que alrededor de 75 médicos sean sometidos a procesos éticos en los tribunales del gremio. Respecto a las posibles sanciones, Crispi subrayó que la máxima penalización que pueden imponer los tribunales de ética es la expulsión del Colegio Médico, aunque también existen sanciones menores. Finalmente, la representante del gremio enfatizó la importancia de contar con más facultades para abordar estas situaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de la vigilancia ética de las profesiones y la posibilidad de revocar el título a aquellos profesionales que no hagan un buen uso del mismo. Fuente: CNN Chile País
El abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos económicos en el marco del Caso Audios, recibió la notificación de una demanda presentada por la Tesorería General de la República (TGR) para rematar una de sus viviendas y saldar una deuda millonaria con el erario fiscal. Antes de abandonar el Anexo Cárcel Capitán Yáber el pasado 6 de junio, Hermosilla fue visitado por un receptor judicial que le informó sobre esta situación. Según La Tercera, la propiedad en cuestión es un departamento ubicado en Barrio Lastarria, en el edificio Paseo Barrio Lastarria, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. El Servicio de Impuestos Internos (SII) valoró la vivienda en $69 millones. Adquirida por Hermosilla en 2009 por 1.470 UF (alrededor de $31 millones en ese momento), la propiedad fue comprada a Inmobiliaria Lastarria S.A. e inscrita en la notaría de Patricio Zaldívar el 29 de enero del mismo año. En relación a la deuda del abogado, durante el proceso del Caso Audios, la Tesorería solicitó al 15 Juzgado Civil de Santiago el remate del departamento como medida para saldar una deuda total de $167.322.306. Esta cifra incluye impuestos a la renta y otros conceptos. El remate del departamento ha sido fijado por el 15 Juzgado Civil de Santiago con un mínimo establecido en $90.604.995. La subasta se llevará a cabo a través de Zoom y los postores deberán entregar una garantía del 10% del valor mínimo establecido. Además, se determinó que los gastos asociados a la propiedad serán responsabilidad del nuevo propietario. Fuente: Meganoticias
