El Gobierno centrará su atención en el gasto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante la elaboración del Presupuesto 2027, llevando a cabo una revisión exhaustiva para verificar si los más de 2,2 millones de beneficiarios aún cumplen con los requisitos para recibir este apoyo. Esta revisión fue abordada por el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Según explicó, la Dipres está realizando cruces de información sobre los ingresos de los beneficiarios y sus grupos familiares. Uno de los requisitos fundamentales para acceder a la PGU es no formar parte del 10% de mayores ingresos de la población. Por lo tanto, el Gobierno se encuentra actualizando los datos para verificar si aquellos que actualmente reciben el beneficio siguen cumpliendo con esta condición. “ ¿Cuándo fue la última vez que miramos los ingresos para ver si se cumple esa regla? ”, cuestionó Gómez durante su intervención parlamentaria. Gómez aclaró que este proceso no implica necesariamente la eliminación de la PGU ni cambios generales en el beneficio. Sin embargo, en caso de identificar personas que ya no cumplen con los requisitos establecidos por ley, podrían aplicarse modificaciones en esos casos específicos. La revisión cobra relevancia debido a la magnitud de los recursos involucrados. Actualmente, la PGU representa un gasto fiscal cercano a US$5.800 millones, lo que significa que cada punto porcentual de ahorro equivale a aproximadamente US$60 millones. Gómez destacó que incluso una reducción limitada podría liberar recursos significativos para el Estado si se identifican pagos indebidos. Enfatizó que el objetivo del análisis no es necesariamente detectar fraudes, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Esta revisión de la PGU se suma a un examen más amplio del gasto público que el Ejecutivo está preparando para las discusiones presupuestarias, donde también se evaluarán beneficios como el Subsidio Único Familiar. El proyecto del Presupuesto 2027 deberá ser presentado al Congreso antes del 30 de septiembre, marcando así el inicio de las deliberaciones sobre los recursos que dispondrá el Estado en el próximo año. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión por el Presupuesto 2027 comenzó a tensionarse al interior del Gobierno antes de su ingreso formal al Congreso. El principal cruce se produjo entre los ministerios de Hacienda y Vivienda, luego de que el titular del Minvu, Iván Poduje, solicitara un incremento cercano al 24% de los recursos para su cartera, argumentando que se trata de un ministerio con fuertes compromisos en reconstrucción y política habitacional. Desde Hacienda, sin embargo, la respuesta fue poner freno a las expectativas de un aumento significativo. El ministro Jorge Quiroz recalcó que la formulación presupuestaria continúa en conversaciones internas y que su cartera mantiene como prioridad la disciplina fiscal. “Al ministro le gusta construir y quiere más presupuesto, pero a nosotros nos gusta cuidar la plata”, sostuvo. Quiroz evitó entrar en una discusión con Poduje y reforzó la idea de que las definiciones se tomarán dentro del Ejecutivo. “Lo que diga o no diga el ministro Poduje por los medios... nosotros estamos concentrados en hacer nuestro trabajo, siempre conversamos profesionalmente, internamente, y a eso estamos dedicados”, afirmó. Desde Vivienda, en tanto, la presión por contar con una mayor partida se relaciona con los compromisos habitacionales de la cartera, las tareas de reconstrucción y la reducción de listas de espera. El debate se vuelve aún más complejo por las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. Su presidenta, Paula Benavides, señaló que “se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes y que se concreten para el mediano plazo medidas adicionales”, en un escenario donde además existe una alta probabilidad de que la deuda bruta supere el nivel prudente de 45% del PIB a partir de 2029. Fuente: ADN Radio Nacional
La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad luego de que el PIB registrara una caída por segundo trimestre consecutivo, escenario que encendió las alertas sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad del país para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año. Tras conocerse los resultados del segundo trimestre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el período estuvo marcado por dificultades importantes, particularmente en sectores productivos relevantes. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”, señaló. Pese al escenario, Mas destacó que existen sectores que han mostrado mayor resistencia. “Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”, sostuvo la autoridad. Frente a las cifras, el Ejecutivo adelantó que buscará acelerar las medidas orientadas a impulsar la actividad. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”, afirmó el biministro. Mas agregó que el desafío no pasa únicamente por mejorar los indicadores macroeconómicos, sino también por lograr que una eventual recuperación tenga efectos concretos sobre los hogares. “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”, indicó. En esa línea, la autoridad remarcó que detrás del desempeño económico existen efectos directos sobre el mercado laboral y el bolsillo de las personas: “Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó una serie de cifras en materia de seguridad relacionadas con la labor realizada durante la última semana por las fuerzas policiales, Gendarmería y otros entes estatales. Tras una nueva reunión del Comité Policial, el ministro informó a los medios que el informe de esta semana muestra un descenso del 17,4% en el número de víctimas de homicidio, en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a los secuestros, detalló que los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI)registran una disminución del 41,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Martín Arrau también destacó un aumento en las incautaciones de drogas. Hasta esta semana se han incautado un 63,9% más en kilos que en el mismo período del año anterior, señaló. Por último, mencionó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido un 86,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno centrará su atención en el gasto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante la elaboración del Presupuesto 2027, llevando a cabo una revisión exhaustiva para verificar si los más de 2,2 millones de beneficiarios aún cumplen con los requisitos para recibir este apoyo. Esta revisión fue abordada por el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Según explicó, la Dipres está realizando cruces de información sobre los ingresos de los beneficiarios y sus grupos familiares. Uno de los requisitos fundamentales para acceder a la PGU es no formar parte del 10% de mayores ingresos de la población. Por lo tanto, el Gobierno se encuentra actualizando los datos para verificar si aquellos que actualmente reciben el beneficio siguen cumpliendo con esta condición. “ ¿Cuándo fue la última vez que miramos los ingresos para ver si se cumple esa regla? ”, cuestionó Gómez durante su intervención parlamentaria. Gómez aclaró que este proceso no implica necesariamente la eliminación de la PGU ni cambios generales en el beneficio. Sin embargo, en caso de identificar personas que ya no cumplen con los requisitos establecidos por ley, podrían aplicarse modificaciones en esos casos específicos. La revisión cobra relevancia debido a la magnitud de los recursos involucrados. Actualmente, la PGU representa un gasto fiscal cercano a US$5.800 millones, lo que significa que cada punto porcentual de ahorro equivale a aproximadamente US$60 millones. Gómez destacó que incluso una reducción limitada podría liberar recursos significativos para el Estado si se identifican pagos indebidos. Enfatizó que el objetivo del análisis no es necesariamente detectar fraudes, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Esta revisión de la PGU se suma a un examen más amplio del gasto público que el Ejecutivo está preparando para las discusiones presupuestarias, donde también se evaluarán beneficios como el Subsidio Único Familiar. El proyecto del Presupuesto 2027 deberá ser presentado al Congreso antes del 30 de septiembre, marcando así el inicio de las deliberaciones sobre los recursos que dispondrá el Estado en el próximo año. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión por el Presupuesto 2027 comenzó a tensionarse al interior del Gobierno antes de su ingreso formal al Congreso. El principal cruce se produjo entre los ministerios de Hacienda y Vivienda, luego de que el titular del Minvu, Iván Poduje, solicitara un incremento cercano al 24% de los recursos para su cartera, argumentando que se trata de un ministerio con fuertes compromisos en reconstrucción y política habitacional. Desde Hacienda, sin embargo, la respuesta fue poner freno a las expectativas de un aumento significativo. El ministro Jorge Quiroz recalcó que la formulación presupuestaria continúa en conversaciones internas y que su cartera mantiene como prioridad la disciplina fiscal. “Al ministro le gusta construir y quiere más presupuesto, pero a nosotros nos gusta cuidar la plata”, sostuvo. Quiroz evitó entrar en una discusión con Poduje y reforzó la idea de que las definiciones se tomarán dentro del Ejecutivo. “Lo que diga o no diga el ministro Poduje por los medios... nosotros estamos concentrados en hacer nuestro trabajo, siempre conversamos profesionalmente, internamente, y a eso estamos dedicados”, afirmó. Desde Vivienda, en tanto, la presión por contar con una mayor partida se relaciona con los compromisos habitacionales de la cartera, las tareas de reconstrucción y la reducción de listas de espera. El debate se vuelve aún más complejo por las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. Su presidenta, Paula Benavides, señaló que “se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes y que se concreten para el mediano plazo medidas adicionales”, en un escenario donde además existe una alta probabilidad de que la deuda bruta supere el nivel prudente de 45% del PIB a partir de 2029. Fuente: ADN Radio Nacional
La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad luego de que el PIB registrara una caída por segundo trimestre consecutivo, escenario que encendió las alertas sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad del país para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año. Tras conocerse los resultados del segundo trimestre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el período estuvo marcado por dificultades importantes, particularmente en sectores productivos relevantes. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”, señaló. Pese al escenario, Mas destacó que existen sectores que han mostrado mayor resistencia. “Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”, sostuvo la autoridad. Frente a las cifras, el Ejecutivo adelantó que buscará acelerar las medidas orientadas a impulsar la actividad. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”, afirmó el biministro. Mas agregó que el desafío no pasa únicamente por mejorar los indicadores macroeconómicos, sino también por lograr que una eventual recuperación tenga efectos concretos sobre los hogares. “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”, indicó. En esa línea, la autoridad remarcó que detrás del desempeño económico existen efectos directos sobre el mercado laboral y el bolsillo de las personas: “Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó una serie de cifras en materia de seguridad relacionadas con la labor realizada durante la última semana por las fuerzas policiales, Gendarmería y otros entes estatales. Tras una nueva reunión del Comité Policial, el ministro informó a los medios que el informe de esta semana muestra un descenso del 17,4% en el número de víctimas de homicidio, en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a los secuestros, detalló que los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI)registran una disminución del 41,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Martín Arrau también destacó un aumento en las incautaciones de drogas. Hasta esta semana se han incautado un 63,9% más en kilos que en el mismo período del año anterior, señaló. Por último, mencionó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido un 86,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
