La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado inicio este lunes 23 de marzo al proceso de formalización de 359 funcionarios públicos que están siendo investigados por no respetar el período de reposo indicado en sus licencias médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República (CGR), la primera audiencia tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala C-103 y comenzó con un grupo de 49 imputados. Este proceso judicial se origina a raíz de un informe emitido por la CGR que reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban en licencia médica. Durante ese lapso, se emitieron un total de 35.585 licencias, siendo un 69% correspondiente a Fonasa y el 31% a diversas isapres. La revisión de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó 59.575 movimientos migratorios en dicho periodo. La investigación abarca a profesionales y establecimientos de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, quienes supuestamente habrían otorgado licencias médicas sin respaldo de atención real, causando perjuicio al Fondo Nacional de Salud. El Ministerio Público tiene previsto acusar a los presuntos responsables por obtención de licencias médicas falsas y fraude en subvenciones, solicitando medidas cautelares durante las seis audiencias programadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, la ministra de Salud, May Chomalí, abordó el impacto que tendría el recorte del 3% instruido a los ministerios, medida adoptada tras la advertencia del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre una situación económica “compleja”. La cartera de Salud figura entre las más afectadas, con una reducción estimada en $517 mil millones. Pese a ello, la secretaria de Estado descartó que el ajuste repercuta en las prestaciones médicas, asegurando que “nada que diga en relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado”. Chomalí explicó que el énfasis estará en mejorar la eficiencia del gasto, especialmente en áreas administrativas, y recalcó que “siempre podemos ser más eficientes en el uso de los recursos” en las áreas intermedias, pero nada se va a afectar en lo relacionado con la atención directa de pacientes”. Asimismo, la ministra reveló que ya existen coordinaciones con Hacienda para enfrentar la demanda en salud, particularmente en listas de espera oncológicas. En ese sentido, afirmó que “necesitamos recursos frescos y estamos buscando las formas de obtener esos recursos adicionales” para poder dar esa atención lo más precozmente posible. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de la controversia por los cambios que el Gobierno estudia introducir al sistema de financiamiento de la educación superior, el Presidente José Antonio Kast defendió el debate sobre la gratuidad universitaria y cuestionó a quienes evitan pagar sus deudas del Crédito con Aval del Estado. Las declaraciones las realizó antes de abordar un vuelo de regreso a Santiago, tras una visita a las regiones del norte del país, donde abordó consultas de la prensa sobre el Plan Nacional de Reconstrucción y las medidas de ajuste fiscal que prepara el Ejecutivo. Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la propuesta de limitar el acceso a la gratuidad universitaria para quienes ingresen a estudiar después de los 30 años. Frente a las críticas de sectores políticos y estudiantes, Kast aseguró que el Gobierno no busca retirar beneficios actuales. “ A nadie se le va a quitar un beneficio social o, en el caso de la gratuidad, nadie en el mundo de la gratuidad la va a perder ”, afirmó el Mandatario. Según explicó, la iniciativa forma parte de un debate legislativo destinado a revisar cómo se asignan los recursos públicos en un contexto económico complejo. El jefe de Estado insistió en que el objetivo es priorizar a los estudiantes más jóvenes y a quienes requieren mayor apoyo. “ Hoy día no le va a afectar a nadie, pero hacia adelante podemos ver primero que los jóvenes, los más pequeños, tengan prioridad ”, sostuvo. “Esto es un debate legislativo, yo también le solicitaría a los parlamentarios de oposición que están en su legítimo derecho de criticar, de plantear su punto de vista, que esperen el ingreso de los proyectos, porque a veces uno se puede equivocar y a partir de un titular sacar una conclusión equivocada y dar una respuesta que después tenga que corregir”, indicó el líder del Gobierno. “ A lo mejor alguien ya a los 30 años tuvo posibilidades de aprender a leer, a escribir, pero hoy día hay jóvenes en todo Chile que a los 8 años no pueden leer, escribir, ni sumar, ni restar como corresponde. Estamos preocupados de aquellos que han tenido otras posibilidades mayores en la vida, que ya están trabajando ¿por qué no nos focalizamos en los que hoy día necesitan más ayuda de nosotros? “, sumó. El Presidente también abordó el funcionamiento del CAE, apuntando a quienes, teniendo ingresos suficientes, optan por no pagar sus cuotas. En su mensaje, hizo un llamado directo a regularizar las deudas con el sistema. “ Si usted tiene una deuda y tiene los recursos, póngase al día ”, afirmó. Y agregó que evitar el pago afecta a quienes tienen mayores necesidades: “ Lo que usted está evitando pagar al Estado se lo está quitando a la persona más necesitada ”. Incluso advirtió que podrían hacerse públicos los casos de personas que han aprovechado vacíos legales para dejar de pagar. “ Invitaría a aquellos que abusaron de un requisito legal para reprogramar y dejar de pagar que se pongan al día, porque no quieren que se exponga una situación como esa frente a la opinión pública ”, señaló. “ ¿Quieren aparecer publicados? ¿Para qué? (...) no solo nosotros podemos hacerlo, puede ser cualquier persona que solicite, sumó el Presidente Kast, recordando lo sucedido con el caso de las licencias médicas en el país. Finalmente, el mandatario insistió en que las modificaciones aún deben discutirse en el Congreso y pidió esperar el ingreso formal de los proyectos antes de sacar conclusiones. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado inicio este lunes 23 de marzo al proceso de formalización de 359 funcionarios públicos que están siendo investigados por no respetar el período de reposo indicado en sus licencias médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República (CGR), la primera audiencia tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala C-103 y comenzó con un grupo de 49 imputados. Este proceso judicial se origina a raíz de un informe emitido por la CGR que reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban en licencia médica. Durante ese lapso, se emitieron un total de 35.585 licencias, siendo un 69% correspondiente a Fonasa y el 31% a diversas isapres. La revisión de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó 59.575 movimientos migratorios en dicho periodo. La investigación abarca a profesionales y establecimientos de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, quienes supuestamente habrían otorgado licencias médicas sin respaldo de atención real, causando perjuicio al Fondo Nacional de Salud. El Ministerio Público tiene previsto acusar a los presuntos responsables por obtención de licencias médicas falsas y fraude en subvenciones, solicitando medidas cautelares durante las seis audiencias programadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, la ministra de Salud, May Chomalí, abordó el impacto que tendría el recorte del 3% instruido a los ministerios, medida adoptada tras la advertencia del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre una situación económica “compleja”. La cartera de Salud figura entre las más afectadas, con una reducción estimada en $517 mil millones. Pese a ello, la secretaria de Estado descartó que el ajuste repercuta en las prestaciones médicas, asegurando que “nada que diga en relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado”. Chomalí explicó que el énfasis estará en mejorar la eficiencia del gasto, especialmente en áreas administrativas, y recalcó que “siempre podemos ser más eficientes en el uso de los recursos” en las áreas intermedias, pero nada se va a afectar en lo relacionado con la atención directa de pacientes”. Asimismo, la ministra reveló que ya existen coordinaciones con Hacienda para enfrentar la demanda en salud, particularmente en listas de espera oncológicas. En ese sentido, afirmó que “necesitamos recursos frescos y estamos buscando las formas de obtener esos recursos adicionales” para poder dar esa atención lo más precozmente posible. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de la controversia por los cambios que el Gobierno estudia introducir al sistema de financiamiento de la educación superior, el Presidente José Antonio Kast defendió el debate sobre la gratuidad universitaria y cuestionó a quienes evitan pagar sus deudas del Crédito con Aval del Estado. Las declaraciones las realizó antes de abordar un vuelo de regreso a Santiago, tras una visita a las regiones del norte del país, donde abordó consultas de la prensa sobre el Plan Nacional de Reconstrucción y las medidas de ajuste fiscal que prepara el Ejecutivo. Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la propuesta de limitar el acceso a la gratuidad universitaria para quienes ingresen a estudiar después de los 30 años. Frente a las críticas de sectores políticos y estudiantes, Kast aseguró que el Gobierno no busca retirar beneficios actuales. “ A nadie se le va a quitar un beneficio social o, en el caso de la gratuidad, nadie en el mundo de la gratuidad la va a perder ”, afirmó el Mandatario. Según explicó, la iniciativa forma parte de un debate legislativo destinado a revisar cómo se asignan los recursos públicos en un contexto económico complejo. El jefe de Estado insistió en que el objetivo es priorizar a los estudiantes más jóvenes y a quienes requieren mayor apoyo. “ Hoy día no le va a afectar a nadie, pero hacia adelante podemos ver primero que los jóvenes, los más pequeños, tengan prioridad ”, sostuvo. “Esto es un debate legislativo, yo también le solicitaría a los parlamentarios de oposición que están en su legítimo derecho de criticar, de plantear su punto de vista, que esperen el ingreso de los proyectos, porque a veces uno se puede equivocar y a partir de un titular sacar una conclusión equivocada y dar una respuesta que después tenga que corregir”, indicó el líder del Gobierno. “ A lo mejor alguien ya a los 30 años tuvo posibilidades de aprender a leer, a escribir, pero hoy día hay jóvenes en todo Chile que a los 8 años no pueden leer, escribir, ni sumar, ni restar como corresponde. Estamos preocupados de aquellos que han tenido otras posibilidades mayores en la vida, que ya están trabajando ¿por qué no nos focalizamos en los que hoy día necesitan más ayuda de nosotros? “, sumó. El Presidente también abordó el funcionamiento del CAE, apuntando a quienes, teniendo ingresos suficientes, optan por no pagar sus cuotas. En su mensaje, hizo un llamado directo a regularizar las deudas con el sistema. “ Si usted tiene una deuda y tiene los recursos, póngase al día ”, afirmó. Y agregó que evitar el pago afecta a quienes tienen mayores necesidades: “ Lo que usted está evitando pagar al Estado se lo está quitando a la persona más necesitada ”. Incluso advirtió que podrían hacerse públicos los casos de personas que han aprovechado vacíos legales para dejar de pagar. “ Invitaría a aquellos que abusaron de un requisito legal para reprogramar y dejar de pagar que se pongan al día, porque no quieren que se exponga una situación como esa frente a la opinión pública ”, señaló. “ ¿Quieren aparecer publicados? ¿Para qué? (...) no solo nosotros podemos hacerlo, puede ser cualquier persona que solicite, sumó el Presidente Kast, recordando lo sucedido con el caso de las licencias médicas en el país. Finalmente, el mandatario insistió en que las modificaciones aún deben discutirse en el Congreso y pidió esperar el ingreso formal de los proyectos antes de sacar conclusiones. Fuente: ADN Radio Nacional
