La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha descartado la realización de una auditoría externa internacional al Estado, medida que había sido prometida durante la campaña presidencial como parte de las acciones para promover la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con lo informado, la decisión se debe a la escasez de recursos fiscales disponibles. En el transcurso de la campaña, el Gobierno había propuesto llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Estado, que contemplaba la participación de la Contraloría y empresas internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y entidades estatales. El propósito de esta iniciativa era identificar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los fondos públicos. A pesar de descartar la auditoría externa, el Gobierno ha dado inicio el 20 de marzo a un proceso de revisión interna, solicitando a los organismos públicos que proporcionen información sobre el uso de los recursos fiscales desde 2025 hasta marzo de 2026. Esta labor está siendo llevada a cabo por un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuya finalidad es elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado. La decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que la auditoría externa era fundamental para asegurar la imparcialidad en el proceso de revisión. No obstante, desde el Gobierno argumentan que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. Esta determinación se da en un contexto de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso eficiente de los recursos y ajustar diversas iniciativas. En este escenario, la auditoría externa —que implicaba contratar empresas internacionales— ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo. Fuente: Publimetro
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha descartado la realización de una auditoría externa internacional al Estado, medida que había sido prometida durante la campaña presidencial como parte de las acciones para promover la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con lo informado, la decisión se debe a la escasez de recursos fiscales disponibles. En el transcurso de la campaña, el Gobierno había propuesto llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Estado, que contemplaba la participación de la Contraloría y empresas internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y entidades estatales. El propósito de esta iniciativa era identificar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los fondos públicos. A pesar de descartar la auditoría externa, el Gobierno ha dado inicio el 20 de marzo a un proceso de revisión interna, solicitando a los organismos públicos que proporcionen información sobre el uso de los recursos fiscales desde 2025 hasta marzo de 2026. Esta labor está siendo llevada a cabo por un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuya finalidad es elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado. La decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que la auditoría externa era fundamental para asegurar la imparcialidad en el proceso de revisión. No obstante, desde el Gobierno argumentan que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. Esta determinación se da en un contexto de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso eficiente de los recursos y ajustar diversas iniciativas. En este escenario, la auditoría externa —que implicaba contratar empresas internacionales— ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo. Fuente: Publimetro
