Contraloría identifica a 315 funcionarios públicos con condenas vigentes y ordena investigaciones en organismos del Estado
El informe CIC N.º 29 reveló que trabajadores de instituciones públicas mantienen registros de condenas por crímenes y simples delitos. Carabineros concentra la mayor cantidad de casos, seguido por el Ejército. El organismo fiscalizador instruyó investigar eventuales responsabilidades administrativas y revisar la aplicación de las inhabilidades legales.
el lunes pasado a las 11:44
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el viernes pasado a las 10:48
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre.
El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia.
El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575.
De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales.
Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos
El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro.
Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho.
Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco.
El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla.
El desglose informado por Contraloría es el siguiente:
Carabineros de Chile: 84 funcionarios.
Ejército de Chile: 22 funcionarios.
Armada de Chile: 8 funcionarios.
Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios.
Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios.
Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios.
Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios.
Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios.
Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios.
Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios.
Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo.
Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos
Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas.
Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos.
La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados.
La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena.
¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas?
Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales.
La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales.
También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas.
El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado.
Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas
Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes.
Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas.
Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado.
La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad.
Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan.
Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público
El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales.
La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos.
En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable.
La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación.
Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
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