Poder Judicial ratifica compra de vehículos Lexus para ministros de la Corte Suprema
La entidad emitió un comunicado ratificando la controvertida decisión de comprar 22 vehículos de lujo para renovar la flota destinada a los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial.
el martes pasado a las 15:46
el lunes pasado a las 9:31
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Este martes, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que ratificó su decisión de adquirir 22 vehículos de la marca Lexus ES300h, a pesar de la polémica suscitada por esta compra. Estos automóviles de alta gama están destinados a renovar la flota de vehículos para los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial, reemplazando a los actuales Toyota Camry.
El comunicado destaca que el precio de lista del Lexus ES300h supera ampliamente los $50 millones de pesos, según el valor de mercado actual. Además, aclara que la decisión fue tomada tras un proceso de evaluación llevado a cabo por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El Poder Judicial enfatizó que el proceso de adquisición aún no ha concluido y que los recursos fiscales asignados por el Ministerio de Hacienda para este fin aún no han sido ejecutados. Por otro lado, desmintió la participación del ministro Mauricio Silva Cancino en la votación a favor de la compra de los vehículos Lexus ES300h.
Según la declaración pública, el ministro Silva Cancino expresó su oposición a la selección del auto durante la discusión, pero no estuvo presente en la votación realizada el pasado 2 de febrero.
La compra de los vehículos Lexus ha generado duras críticas tanto dentro como fuera del Poder Judicial. Funcionarios de la entidad y varios parlamentarios han expresado su desaprobación ante esta adquisición, considerando que no se ajusta al carácter austero de la judicatura y que podría interpretarse como un gasto excesivo de recursos públicos.
La Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) ha rechazado esta adquisición y ha instado a extremar el cuidado de los recursos destinados a la administración de Justicia, con el fin de evitar el derroche de fondos institucionales.
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